Los principales fabricantes de armas de fuego lucraron con la venta de rifles semiautomáticos tipo AR-15 –entre los favoritos empleados en tiroteos masivos– ganando más de mil millones de dólares durante la última década, y rehúsan asumir responsabilidad por la comercialización y uso de sus productos letales, concluye una investigación de la Cámara de Representantes difundida ayer.

“La industria de armas de fuego obtiene ganancias sobre la sangre de estadunidenses inocentes”, acusó la diputada demócrata Carolyn Maloney en la presentación del informe elaborado por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la cámara baja, el cual preside. Agregó que las prácticas de negocio de esta industria es “preocupante”, al señalar que ninguna vigila “la muerte y destrucción causadas por sus productos”.

La investigación se enfocó en cinco de las principales empresas de fabricación de armas de fuego, algunas de las cuales enfrentan una demanda del gobierno de México ante un tribunal en Massachusetts en un caso que sigue en curso.

Las empresas rechazan tener alguna responsabilidad en el uso de sus productos y las cinco reconocieron a los investigadores del Congreso que no tienen ningún tipo de proceso interno para recaudar información relacionada con la utilización de sus productos.

Pero los costos para evitar las consecuencias de la violencia en un país con más de 400 millones de armas en manos privadas se sienten por todo el territorio nacional, y se han vuelto parte de la rutina de lugares públicos, como las escuelas.

“En mi primaria decimos a los niños que nos tenemos que preparar por si acaso entra gente mala que nos quiere hacer daño y cerramos con llave la puerta del aula, bajamos las persianas y pedimos que no hagan ni un solo ruido”, explica a La Jornada una maestra de kínder de una escuela pública en Brooklyn, al describir los ejercicios de rutina que se hacen en las escuelas de Estados Unidos para prepararse en caso del ingreso de una persona armada.

“Hay colegas que están encargados de buscar a niños en los baños para llevarlos a un lugar más seguro”, mientras en secundarias y preparatorias, todo estudiante y maestro está obligado a practicar qué hacer y cómo huir de una persona armada en sus planteles.

Se ha vuelto común, casi normal, que todos los días se reporta un tiroteo masivo o una amenaza pública con armas de fuego en Estados Unidos: el lunes una mujer sacó una pistola y disparó al techo en el aeropuerto Love Field de Dallas; el día anterior murieron dos y cinco quedaron heridos en San Pedro, California; hace dos días, dos fueron abatidos y otros dos resultaron lesionados en Rockford, Illinois… la lista se alarga de manera incesante.

Ayer, mientras procedía la audiencia en Washington, el acusado de un tiroteo cometido contra espectadores de un desfile del Día de la Independencia en Illinois el pasado 4 de julio, que mató a siete personas e hirió a más de 35, fue acusado formalmente de 117 cargos, incluido el de homicidio.

Ese tiroteo fue antecedido, en mayo, por otro en una primaria en Uvalde, Texas, donde fueron asesinados 19 niños y dos maestros, y poco antes de eso otra maranza en un supermercado en Buffalo, Nueva York, donde perecieron 10 personas.

En estos tres incidentes, los asesinos emplearon rifles semiautomáticos AR-15, todos adquiridos de manera legal.

Todos fueron noticia nacional pero no han sido los únicos en 2022. En lo que va del año se han reportado 372 tiroteos considerados “masivos”, en los cuales hay por lo menos cuatro víctimas, ya sea muertos o heridos. (Para ver cada incidente en lo que va del año: https://www.gunviolencearchive.org/reports/mass-shooting).

Al mismo tiempo, ayer continuó el proceso judicial para determinar la condena –entre cadena perpetua o ejecución– del acusado que se declaró culpable de matar con un rifle semiautomático a 17 personas y herir a 17 más en una preparatoria en Parkland, Florida, en febrero de 2018.

El padre de una de las jóvenes asesinadas en ese tiroteo, Fred Guttenberg, comentó sobre la audiencia en Washington, mientras observa el juicio en Florida –donde se presentó evidencia sobre el daño que una bala de un rifle AR-15 causa en una víctima como su hija–, que “puesto de manera sencilla, mi hija Jaime y todas las víctimas de violencia de armas de fuego son sólo un costo a la hora de hacer negocios para las empresas de armas”.

Aunque se ha vuelto noticia cotidiana y aparentemente inevitable, no hay nada que sacuda más que los incidentes de armas de fuego en una escuela.

Se han contado por lo menos 95 incidentes de bala en escuelas, resultando en 40 muertes y 76 heridos, en lo que va de 2022, de acuerdo con Everytown for Gun Safety.
En el año escolar 2020-2021 se reportaron por lo menos 93 incidentes de uso de armas en los que hubo bajas en las escuelas, el número más alto desde que se empezó a llevar la cuenta del fenómeno hace dos décadas.

Información redactada por: David Brooks para La Jornada

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