• Se ostentó como auxiliar del juzgado de paz de ese municipio

• Además, portaba una “charola” de la extinta CNS

La Unidad Especializada de Delito Contra la Salud de la Fiscalía Regional Sur Poniente ejerció acción penal en contra de un supuesto empleado del ayuntamiento de Jojutla detenido por elementos de la policía preventiva de esa localidad en posesión de droga, arma de fuego, cartuchos y documentos presuntamente oficiales.

En audiencia, el agente del Ministerio Público (MP) obtuvo del juez de control la legal detención de Rafael “N”, de 24 años, a quien se le imputó el delito contra la salud, en perjuicio de La Sociedad.

Rafael “N” quedó a disposición de la Fiscalía regional el cuatro de julio de este año, por parte de elementos de la Policía Morelos, quienes le aseguraron objetos ilícitos.

Elementos de la corporación describieron que al realizar recorridos de vigilancia, observaron sobre la avenida Ricardo Soto, de la colonia Independencia, de Jojutla, a un joven que dejaba ver un arma de fuego fajada a la cintura mientras subía a un automóvil estacionado.

Los policías se aproximaron a él para solicitarle la inspección de seguridad, pero este sujeto para evitar la revisión se ostentó como auxiliar del juzgado de paz de Jojutla, amenazando a los oficiales.

Finalmente, los uniformados detuvieron a Rafael “N”, a quien decomisaron una funda porta pistola, un arma calibre .22, 23 cartuchos, 20 dosis de “cristal”, una credencial con emblemas y leyendas del gobierno municipal de Jojutla, una placa de la extinta Comisión Nacional de Seguridad (CNS), una computadora y un radio de comunicación portátiles, así como el vehículo marca VolksWagen, sub marca Bora, color blanco, con placas de circulación del estado de Morelos.

En la audiencia de vinculación realizada este martes, el juzgador resolvió sujetar a proceso al imputado por delito contra la salud, no así por uso de documento falso ni usurpación de funciones públicas, al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar el hecho delictivo.

En ese sentido, el juez dictó la subsistencia de las medidas cautelares de firma periódica y la prohibición de salir del país, al tiempo de establecer plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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